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En Ecuador existen avances legales en el reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos (aunque todavía persisten situaciones de exclusión por la condición de pobreza o pobreza extrema que las rodea) por lo que, se debe procurar el real acceso a la salud para este grupo poblacional.
De acuerdo con el estudio “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” realizado en 2017 por el UNFPA, CNIG y AECID, revela que en Ecuador las personas con discapacidad, especialmente, las mujeres con discapacidad son infantilizadas y no tienen acceso a información en formatos accesibles, lo que produce que no tengan capacidad de decisión sobre sus cuerpos y sean “expropiadas de sus derechos y su sexualidad”.
Las estrategias estatales de cobertura en salud deben ser planificadas para beneficiarios desde edades tempranas, más incluyendo los temas de salud sexual y salud reproductiva, sobre todo, para las y los adolescentes con discapacidad.
Para ello, resulta primordial comprender la accesibilidad como condición básica para los espacios físicos de atención y las adaptaciones en la comunicación e información, considerando la diversidad de formatos, según los diferentes tipos de discapacidad. De este modo, los expertos deben conocer las necesidades particulares de las personas con discapacidad para brindar una atención adecuada, lo más individualizada posible.
Actualmente, en el país aún es posible encontrarse con doctores tanto del sector público como del privado que no saben cómo tratar a una persona con discapacidad e invalidan su capacidad de tomar decisiones como persona adulta. Esto se presenta porque el sistema de salud no dispone de estructuras de apoyo para las personas que requieren asistencia.
Los expertos deben en salud deben responsabilizarse y estar preparados para transmitir los temas de interés, como los de salud sexual y salud reproductiva; planificación familiar; acceso a medicamentos; en un lenguaje fácil para cualquier persona, teniendo en cuenta que, en la vida cotidiana, aún existen tabús relacionados con la temática de discapacidad y sexualidad. Por lo general, el gobierno únicamente apoya con recursos a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (sector público). Sin embargo, no siempre se hacen procesos continuos de sensibilización y para el caso del personal de salud del sector privado, no se puede garantizar que conozcan porque sino tienen una necesidad específica, entonces simplemente la inclusión de la discapacidad pasa desapercibida. En muchas ocasiones, siguen siendo los padres o “cuidadores”, quienes deciden por la persona con discapacidad.
La sociedad ecuatoriana debe cambiar la forma de percibir la discapacidad, para eliminar barreras actitudinales como la infantilización contra las personas con discapacidad, lo cual provoca que no puedan ejercer su derecho a decidir de manera digna por falta de acceso a la información.
Estas barreras se han exacerbado con las vivencias durante la pandemia por la COVID-19, que impidió el acceso a ciertas medicinas y restringe la libertad, lo cual tuvo mayor impacto en la salud mental. Sin embargo, más allá de todo, pienso que las personas con discapacidad vivimos en una situación de encierro constante. Cuando salimos a las calles y encontramos muchas barreras en las veredas donde ni siquiera es posible caminar y aún peor, con un transporte público inaccesible, que no garantiza una movilidad digna. Ello puede significar una razón para no salir y ejercer su derecho a la participación en la sociedad.
A los líderes mundiales, les pido tener en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad, pues muchas veces se intenta generalizar dentro del término “personas con discapacidad” y se mezcla a mujeres y hombres, por lo cual, es trascendental recordar que las mujeres con discapacidad se enfrentan a mayores sucesos de vulnerabilidad.
Específicamente, las niñas y mujeres con discapacidad tenemos 10 veces más posibilidades de ser abusadas o violadas en la intimidad de nuestras propias casas, y esa es una realidad que también tiene que ver con la salud; porque implica salud sexual, atención a la víctima, atención a la familia y toda la cadena. Últimamente, durante la pandemia estas prácticas se perpetraron y ya no pueden pasar desapercibidas.
Para alcanzar el cumplimiento real de ello, se debe voltear la mirada hacia el enfoque de discapacidad y la accesibilidad como una condición básica, lo cual se traduce en buscar las alternativas para “hacer fácil, lo que ya es difícil”, beneficiando a todas las personas.
No es sencillo comprender lo relacionado con la salud, ya sea enfermedades, diagnósticos o tratamientos, debido a los tecnicismos que se emplean, pero cuando se usan palabras sencillas y un vocabulario cotidiano, sin duda, se facilita la comprensión de todas las personas, no solamente de las personas con discapacidad. Es esencial para promover una convivencia real, donde todas las particularidades sean importantes.
A todo esto, se debe agregar la relevancia de involucrar a las personas con discapacidad para que puedan tomar decisiones sobre las cuestiones que sean de su interés, y así, también se puede trabajar en conjunto en la construcción de políticas públicas que valoren la diversidad.
Finalmente, considere que el compromiso se aborde en los territorios. Para lo cual, es necesario que los médicos se formen y que tengan conocimiento en temas de discapacidad, no solamente aquellos que trabajan con personas con discapacidad de forma directa, porque en cualquier momento podemos necesitar de cualquier especialidad, por lo cual, ese médico especialista. debe saber la mejor manera de afrontar esa realidad.
En pleno Siglo XXI, no podemos continuar impidiendo la importancia de ver a la persona más allá de su discapacidad.